“Si lucho por la montaña es porque nosotras somos el río vivo. El río habla, y nuestra montaña nos da nuestros alimentos. Si la destruyen nosotras tenemos que irnos porque somos un cuerpo parte de la naturaleza.” - Dilma Cruz, defensora de derechos humanos de la comunidad de Guapinol
En el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, 29 de noviembre, queremos honrar el rol de las mujeres en la defensa del medio ambiente en el mundo, visibilizando la lucha de las mujeres de la comunidad de Guapinol. En esta comunidad, situada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, fueron justamente las mujeres quienes lideraron la resistencia de las comunidades contra la amenaza que según ellas supone el extractivismo para la vida comunitaria: detrás del proceso de criminalización de los ocho hombres finalistas del premio Sakharov encontramos la incansable labor de las mujeres de la comunidad.
Su defensa del río y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras se produce en un contexto de discriminación económica y estructural de la mujer profundamente arraigada. Se estima que los años 2016 y 2017 han sido los más violentos para las defensoras en Honduras: la Red de Defensoras de Derechos Humanos reportó 1,230 agresiones y 5 femicidios. En el 2020, Front Line Defenders contabilizó 44 mujeres defensoras asesinadas en toda la región latinoamericana, siendo el 69% mujeres que defendían los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al medio ambiente. En 2021, 67 fueron objeto de intimidación, agresiones y actos de criminalización. En la actualidad una de cada dos defensoras de derechos humanos es objeto de agresión y amenazas.
La resistencia de las mujeres defensoras de Guapinol
En Guapinol, las mujeres tienen una fuerte conexión con el medio ambiente, pues es su fuente de vida. En 2013 empezaron a notar que el agua del río estaba sucia. Juana Zuñiga, una de las lideresas de la comunidad, recuerda que “en un abrir y cerrar de ojos el río ya estaba dañado.” Con el pasar del tiempo concluyeron que la contaminación provenía de la instalación de un proyecto extractivo de óxido de hierro liderado por Inversiones Los Pinares, del grupo EMCO, que afectaba al área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, y por tanto a los 34 ríos que nacen de su fuente, entre ellos el río San Pedro, el río Guapinol y el río Tocoa, los cuales desembocan en uno de los ríos más importantes de Honduras, el río Aguán.
Ante esta situación, empezaron a organizarse y crearon el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Hacia el año 2016, para hacerse oír por el alcalde de Tocoa, organizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras, una protesta de 11 días frente al ayuntamiento, la recolecta de 4.000 firmas a favor de una consulta y la presentación de impugnaciones constitucionales e informes penales.
Según las mujeres defensoras, en abril de 2018 y durante el transcurso de tres meses, el agua contaminada y fangosa llegó a los hogares de varias comunidades de la zona, impidiendo su consumo con fines domésticos, hecho que desencadenó que el 1 de agosto de 2018 aproximadamente 140 personas organizadas de las comunidades afectadas instalaran por 88 días el campamento pacífico “Por el Agua y la Vida” de Guapinol. Juana Zuñiga comenta que “el campamento lo sostuvimos las mujeres: los hombres hacían rondas para cuidar y nosotras nos organizábamos en tres grupos para cocinar y cuidar de nuestros hijos e hijas”.
El 27 de octubre del 2018, fuerzas militares, policiales y de seguridad privada fueron movilizadas a la zona y desalojaron de manera violenta a las personas que se encontraban en el campamento. Dilma Cruz recuerda que “un día antes del desalojo del campamento, vimos cómo iban pasando carros y policías. Muchas veces intentaron desalojarnos pero no lo hicieron así que pensábamos que esta vez sería igual. Estábamos preparadas porque íbamos a nuestras casas a buscar pañuelos y vinagre. Ese día nos desalojaron como si fuéramos delincuentes. Nos tiraron gas y piedras. Salimos corriendo. Había mujeres embarazadas con hijos e hijas. No nos merecíamos eso. El agua es la vida para nosotras.”
Ese mismo año, 32 personas del campamento fueron denunciadas y en enero de 2019 la jueza declaró prisión preventiva para ocho defensores por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita, dos de ellos las parejas de Juana Zuñiga y Dilma Cruz. Juana Zúñiga: “Con la detención de mi compañero fue muy difícil, me sentía derrotada. Estábamos luchando contra un dictador y un Gobierno que no protege a las personas que defienden el ambiente. Los hombres estaban presos. Pero no les importaba estar en la cárcel por defender el río por lo que pronto saqué fuerzas. Somos conscientes de que el machismo y el poder empresarial agarraban más poder: incluso nos levantaron campañas de desprestigio por ir siempre mujeres a loz juzgados.”
Asimismo, Dilma Cruz comenta que “mi situación cambió totalmente: tener que ir a ver a mi compañero a la prisión de Olanchito era muy difícil. Gente de la empresa nos decían que éramos mujeres gritonas que no les dejaban trabajar. A pesar de eso, me fortalecí. Ellos creían que con miedo las mujeres no gritaríamos”. Juana Zúñiga mencionó en un foro que “nos invisibilizaron durante todo el juicio: habíamos más mujeres en el campamento, pero sólo acusaron a los compañeros: en las manifestaciones siempre fuimos las mujeres quienes tomamos el liderazgo”.
Los ocho defensores estuvieron en prisión durante 914 días, hasta principios de 2022, tiempo en el que las familias tenían el acceso limitado y muchas veces restringido a la prisión de Olanchito. Juana Zuñiga recuerda que “cuando iba al centro penitenciario me sentía muy mal, me hostigaban cuando pasaban el escáner, me revisaba una mujer pero siempre rodeada y vigilada de militares”.
Situación actual
A inicios del año 2022 los ocho defensores fueron liberados con cartas provisionales. Sin embargo, sigue abierta la posibilidad de poder ser criminalizados nuevamente. A casi un año de su liberación, la situación de inseguridad de las personas de la comunidad de Guapinol es uno de los mayores riesgos que enfrentan, en especial las mujeres. Juana Zúñiga cree que como mujeres tienen más riesgo: “A pesar de las amenazas, no nos van a callar. Hasta el momento aceptamos el peligro y sabemos que somos fuertes. Me han amenazado con quemarme la casa, pero yo lucho por mi familia porque no quiero abandonar mi hogar. Estoy luchando por estar con mis hijas y ser libres. Quiero sentirme más protegida, pero me preocupa porque estamos frente a un gran empresario, quien están pendiente de todo. A pesar de ello luchamos porque queremos que nuestros ríos corran en libertad para la futura generación.”
Al día de hoy la actividad extractiva no se ha detenido y el desarrollo de la transformación del mineral continúa, lo que según ambas mujeres defensoras produce un gran impacto ambiental y tiene consecuencias directas en las prácticas de cuidados de las mujeres de la comunidad, quienes utilizan el agua del río para desarrollar sus actividades diarias, sin mencionar el cambio que ha producido en la vida de las personas. Dilma Cruz comparte que “la comunidad ya no es la misma: antes era una comunidad de paz, pero ya no podemos andar tranquilas, la gente que trabaja en la mina nos vigila.”
En Honduras, ser una mujer defensora de derechos humanos es altamente riesgoso. La mayoría de las defensoras (67%) enfoca sus esfuerzos en la defensoría de los derechos de las mujeres y también está involucrada en una diversidad de áreas que incluyen la tierra, medio ambiente, agua, derechos laborales y contra las minas, entre otras. Las mujeres defensoras tienen como promedio de edad 43 años, y son las más agredidas aquellas que defienden la tierra y el territorio; esta labor conlleva riesgos tanto para ellas, para las causas que defienden y para familiares. Los riesgos, amenazas y peligros que enfrentan las defensoras son diversos: en el total de años de ser defensoras, la amenaza a muerte fue la agresión más reportada (45%), seguido por los insultos (32%). Este riesgo se ve incrementado porque las mujeres defensoras del ambiente tienen barreras adicionales por su condición de mujer, es decir, se ven amenazadas y estigmatizadas por ser consideradas débiles o frágiles.