En el marco del Mes del Orgullo LGTBI+, las organizaciones internacionales Front Line Defenders y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) quieren expresar su preocupación ante los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos de la comunidad LGTBI+ en Honduras. Ambas organizaciones han observado que suele haber un incremento de agresiones en momentos de mayor visibilidad de la comunidad LGTBI+, como el Día del Orgullo LGTBI+. Por lo tanto, Front Line Defenders y PBI hacen un llamado a la solidaridad y el apoyo nacional e internacional para la debida protección de quienes defienden los derechos de la diversidad sexual.

Las organizaciones Front Line Defenders y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se encuentran profundamente preocupadas ante el continuado incremento de violencia en forma de ataques, intentos de asesinato y actos de discriminación en contra de personas defensoras de derechos de la comunidad LGBTI+ en Honduras. De manera particular, preocupa que la escalada de agresiones se intensifique en las próximas semanas, en el marco de la celebración del Día del Orgullo LGBTI+  el próximo 28 de junio de 2022.

Desde Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en Honduras queremos reconocer y respaldar el trabajo de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y su rol esencial en un contexto marcado por la crisis humanitaria generada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA. La defensa de los bosques, las fuentes de agua y el acceso a la tierra como medio de vida y trabajo contribuye a una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades, a una prevención de desastres ecológicos y a la lucha global contra el cambio climático. Sin embargo, las personas defensoras del territorio se enfrentan constantemente a ataques, procesos de criminalización, judicialización y difamación y a desalojos violentos. Honduras es considerada el país más peligrosos del mundo (por asesinato per cápita) para las personas que defienden estos derechos, volviéndose más grave si la persona defensora es mujer. Especialmente nos preocupa el marco normativo y legislativo recientemente aprobado en materia agraria y las afectaciones que éste tendrá en la defensa de estos derechos, con especial atención a las mujeres.  En concreto la aprobación del Programa del Desarrolo Agrícola de Honduras (PCM-052-2019) y la consiguiente militarización del campo; y el PCM-030-2020 y la concesión de tierras ociosas y ejidales a grandes empresas agroindustriales

Desde PBI Honduras mostramos nuestra preocupación por el continuo incremento de ataques contra miembros de la comunidad LGTBIQ+, especialmente las mujeres trans. De igual modo queremos llamar la atención sobre su histórica situación de vulnerabilidad incrementada durante la emergencia sanitaria del COVID19 y en la que el colectivo LGTBIQ+ no ha sido considerado prioritario por parte del Gobierno para recibir la ayuda gubernamental. Una vulnerabilidad que se refleja, entre otras vulneraciones de derechos humanos, en el transfeminicidio de la defensora de derechos humanos e integrante de la Asociacion LGTB Arcoiris Scarlet Cambel.

PBI Honduras muestra suma preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta la comunidad trans en Honduras y, en especial, por la situación del Colectivo de Mujeres Trans Muñecas de la Asociación Arcoiris, que ha experimentado un incremento de agresiones y ataques durante los últimos seis meses. Esta situación se suma al lento avance en las investigaciones y condenas por dichos casos.

 

PBI Honduras expresa una profunda preocupación por el alarmante incremento de ataques hacia las personas defensoras de los derechos LGTBIQ+ en Honduras, especialmente hacia las personas defensoras de los derechos de las mujeres trans y este colectivo en general. Preocupa especialmente la situación de las personas integrantes del Colectivo de Mujeres Trans Muñecas de la Asociación ARCOIRIS, acompañada por PBI desde el año 2015, y que trabajan para defender y promover los derechos del colectivo trans.

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A dos años del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, lideresa indígena Lenca, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), las organizaciones de la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacionales saludamos la captura de uno de los presuntos autores intelectuales el día 03 de marzo del presente año. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la falta de avances en las investigaciones sobre el caso, ya que hasta la fecha no se ha emitido ninguna condena, tal como lo expresan familiares y organizaciones sociales en Honduras.

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La red EU-LAT y CIDSE, redes internacionales de organizaciones que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo exigen justicia, memoria y garantía de no repetición para Berta Cáceres y para la defensa de los derechos humanos en Honduras y en toda América Latina.

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El objetivo de esta Alerta es llamar la atención de la comunidad internacional sobre el aumento exponencial de los incidentes de seguridad reportados por personas defensoras de derechos humanos a partir de las elecciones del 26 de noviembre. Asimismo, PBI Honduras se suma a las expresiones de grave consternación ante la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, altamente militarizadas, y el numero de víctimas reportadas en este contexto.

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Brigadas Internacionales de Paz (PBI) observa con profunda preocupación la situación generada en Honduras en los días posteriores a las elecciones generales celebradas el pasado 26 de noviembre de 2017. Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales manifestaron desde entonces preocupación por el clima de tensión generado ante la falta de resultados definitivos a nivel presidencial.

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El objetivo de esta Alerta es llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos: Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz, quienes fueron objeto de actos de intimidación, uso excesivo de la fuerza y judicialización por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del desalojo realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, la magistrada Tirza Flores y los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez y Ramón Barrios, todos integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), fueron despedidos de manera arbitraria. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictó sentencia y reconoció el papel activo que la Corte Suprema de Honduras jugó en el golpe de Estado. El presente documento tiene como objetivo llamar la atención de la comunidad internacional sobre la falta de avances en el cumplimiento de la sentencia, que vence el 10 de noviembre de 2016, un año después de haber sido notificada.

PBI expresa su preocupación por los incidentes acontecidos durante la manifestación pacífica del pasado 20 de octubre en Tegucigalpa en donde se pudo evidenciar la represión violenta que el COPINH, y otras organizaciones de la sociedad civil, experimentaron en el ejercicio legítimo de su derecho a la manifestación.

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Con profunda tristeza y consternación, PBI Honduras expresa su pesar ante la pérdida de Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora General del Movimiento de Mujeres Por la Paz Visitación Padilla, “Las Chonas”, y muestra sus condolencias a los familiares y seres queridos.

El objetivo de esta Alerta es llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de seguridad de los integrantes de la Asociación Arcoíris, organización LGTB acompañada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) desde julio de 2015.

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El objetivo de esta Alerta es llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de seguridad de la periodista independiente Dina Meza, acompañada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) desde mayo de 2014. PBI está preocupado por el incremento de incidentes de seguridad reportados en el último mes a raíz de su labor como periodista y defensora de derechos humanos.

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Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por los graves incidentes ocurridos el viernes 15 de abril en el municipio de San Francisco de Ojuera -departamento de Santa Bárbara- donde resultaron heridas una decena de personas.

PBI observa en este caso patrones de ataque que se replican en otras regiones del país y, han derivado en una fuerte conflictividad territorial. En estos contextos, PBI considera necesario asumir acciones preventivas y de alerta temprana destinadas a garantizar el respeto, la promoción y la realizacion del derecho internacional de los derechos humanos.