El 17 de mayo de 1990, la homosexualidad fue desclasificada como trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud. En 2004, se estableció ese día como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pasaron 33 años pero los riesgos de identificarse como lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex o queer permanecen inalterados en muchos países. Más de 60 Estados miembros de Naciones Unidas (ONU) todavía tienen legislación que criminaliza a las personas de la diversidad sexual. E incluso países sin trabas legales para garantizar los plenos derechos de las personas LGTBI+, como Estados Unidos, registran niveles impactantes de crímenes de odio.

Las personas defensoras de los derechos LGTBI+ en todos los rincones del planeta se enfrentan a fuertes amenazas al denunciar la discriminación contra las personas de la diversidad sexual y al exigir que sus gobiernos adopten leyes protectoras que aseguren los derechos LGTBI+, así como que promuevan la aceptación de identidades sexuales y de género diversas. A nivel mundial, numerosas organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones constantes contra personas defensoras LGTBI+, incluidos ataques físicos, arrestos arbitrarios, allanamientos en casas y oficinas, intensas campañas de difamación y asesinatos violentos. La relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ha confirmado que dicha hostilidad y adversidad son generadas tanto por actores estatales como no estatales, lo que convierte a activistas de los derechos LGTBI+ entre las personas defensoras más atacadas del mundo.

 

Violaciones de los derechos LGTBI+ en Honduras

El artículo 60 de la Constitución de Honduras establece que la discriminación por razón de sexo, raza, clase o cualquier discriminación que atente contra la dignidad humana es sancionada por la ley. Sin embargo, Honduras sigue siendo un país peligroso para las personas LGTBI+ debido al grave estigma en torno a la orientación sexual y la identidad de género. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha atribuido la vulnerabilidad de las personas LGTBI+ en Honduras a la influencia de tendencias religiosas que imponen una moral basada en la heteronormatividad y la identidad binaria. Las mujeres trans en Honduras enfrentan riesgos particularmente graves, ya que tienen una de las tasas más altas de transfemicidio en el mundo.

Organizaciones hondureñas de derechos LGTBI+ han denunciado la imposición de una cruzada conservadora dirigida a personas de la diversidad sexual que condena públicamente la supuesta “ideología de género”. Durante la campaña electoral de 2021, el entonces presidente Juan Orlando Hernández calificó a personas defensoras LGBTI+ de “enemigos de la independencia”. La Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, una organización de derechos LGTBI+ que cuenta con el acompañamiento de PBI desde el año 2015, ha registrado una intensificación de los actos públicos de homo, trans y bifobia desde el golpe de Estado de 2009. Donny Reyes: “El retroceso que hemos tenido en derechos humanos en los últimos 12 años es terrible. Y se ha aculturizado, se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la discriminación, se han normalizado todos los actos que dañan a los demás. Así hay que deconstruir para volver a construir.

Entre 2009 y 2022, se registraron 442 muertes violentas, según datos de la Red Lésbica Cattrachas. La situación es especialmente preocupante para las mujeres trans que tienen una esperanza de vida inferior a los 35 años. En enero de 2022, PBI brindó acompañamiento al colectivo trans Muñecas de Arcoíris en el entierro de la mujer trans Thalía Rodríguez, asesinada a tiros en los primeros días de ese año, constituyendo la primera muerte violenta LGTBI+ de 2022. Debido a la marginación social, la exclusión y el abuso, muchas mujeres trans salen de Honduras en caravanas, obligadas a huir de sus hogares con la esperanza de algún día vivir libres del miedo.

 

La respuesta del nuevo gobierno

La victoria de Xiomara Castro, del partido Libre, en las elecciones de 2021 puso fin al mandato de 8 años del expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Castro hizo historia como la primera mujer presidenta de Honduras. Su campaña Pro-Mujeres, Pro-LGBTI+ tuvo como objetivo contrarrestar el discurso de odio. Asimismo, prometió leyes para proteger a las personas LGTBI+. Sin embargo, el 2022 fue un año especialmente violento para la comunidad de la diversidad sexual. Una investigación de la Unidad de Vigilancia KAI registró 42 muertes violentas de personas LGTBI+ en 2022, incluidas seis mujeres trans y siete personas defensoras de derechos humanos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la tasa de impunidad de todos los homicidios cometidos contra personas LGTBI+ desde 2009 se mantiene por encima del 90%. Además, en más de la mitad de los incidentes denunciados a PBI por integrantes de la comunidad LGTBI+, actores estatales, en particular la Policía Nacional, la Policía Preventiva y el Ejército, son calificados como principales agresores.

El 28 de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó sus observaciones preliminares luego de una visita in loco a Honduras ese mes. En el informe, la CIDH observa la ausencia de disposiciones estatales adecuadas para actos de discriminación cometidos por actores no estatales, destacando denuncias de negación o despido de empleo por motivos de identidad de género u orientación sexual, actos de hostigamiento y agresión por parte de personas que trabajan en el sector público y una falta de albergues de emergencia para personas que sufren amenazas violentas. Personas defensoras de derechos LGTBI+ también han denunciado que se les niega el acceso y el uso de espacios públicos para llevar a cabo su activismo.

La organización SOMOS CDC, acompañada por PBI desde enero de 2022, ha denunciado la falta de acción del gobierno para promover los derechos de la población LGTBI+, a pesar de que el partido Libre reiteró su compromiso de abordar la violencia LGTBI+ cuando asumió el poder. Grecia O’Hara (Somos CDC): “Hemos visto que realmente no hay un interés por parte del Estado de tener un acercamiento hacia nosotros y nosotras, porque no han tenido acciones concretas. Seguimos con el tema de la injerencia de los grupos fundamentalistas religiosos, las acciones de los grupos pro-vida en contra de la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans a través del cambio de nombre. Seguimos haciendo incidencia, seguimos sensibilizando y básicamente continuamos en lo mismo que en el gobierno anterior. Igual hay violencia hacia personas LGTBI, no hay investigaciones, no hay respuestas. Y se sigue excluyendo de los espacios donde se habla de personas LGTBI a las mismas personas LGTBI, como en el seguimiento a la sentencia en el caso de Vicky Hernández. No pedimos privilegios, sino que pedimos nuestros derechos. Estamos pidiendo que se nos dé la garantía de los mismos derechos que tienen todas las personas en este país.

PBI Honduras ha manifestado su preocupación por la actuación estatal con respecto al cumplimiento de una serie de medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, que declaró responsable al Estado de Honduras por el transfemicidio de Vicky Hernández, mujer trans defensora de derechos humanos asesinada el 28 de junio de 2009, justo después del golpe de Estado. Si bien el 9 de mayo de 2022 el gobierno reconoció su responsabilidad por el asesinato de Vicky Hernández y emitió una disculpa pública, no hay indicios de avances en algunas de las otras acciones exigidas por la Corte (cuyo plazo vence el 28 de junio de este año). Estas incluyen implementar un sistema de recolección de datos sobre violencia contra la comunidad LGTBI+ y crear un documental sobre las experiencias de mujeres trans en Honduras así como un plan de capacitación permanente en derechos LGTBI+ para agentes de seguridad del Estado.

 

La labor de PBI apoyando a activistas LGTBI+ en riesgo

PBI Honduras se solidariza con el colectivo LGTBI+ en Honduras y continúa brindando acompañamiento a dos organizaciones con sede en Tegucigalpa y dedicadas a velar por los derechos LGTBI+. La Asociación LGTB Arcoíris de Honduras y Somos CDC tienen como objetivo empoderar a la comunidad LGTBI+ en Honduras mediante el avance de casos legales relacionados con violaciones de derechos humanos, la organización de eventos y sesiones de capacitación, la coordinación de campañas regionales y la realización de actividades de incidencia para promover leyes de igualdad.

PBI está sumamente preocupada por la situación de seguridad que enfrenta el colectivo de la diversidad sexual en Honduras y por la falta de respuestas prontas y adecuadas por parte de la institucionalidad hondureña. Nos solidarizamos con las organizaciones de derechos LGTBI+ este 17 de mayo de 2023 y continuaremos apoyando a activistas LGTBI+ en su lucha por la aceptación, la igualdad y la justicia.

 

Este artículo fue originalmente publicado en inglés por PBI Reino Unido.