Honduras es un país lleno de riquezas naturales: arrecifes de coral, montañas pobladas de árboles, ríos cristalinos y una abundante flora y fauna. Sin embargo, defender estos bienes naturales puede ser una actividad de alto riesgo. Esta es la principal conclusión de una investigación realizada por Global Witness, que señala que desde 2010 han muerto más de 120 personas defensoras de la tierra y del territorio en el país.
Las concesiones
Los datos recopilados por el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) reflejan que hasta septiembre de 2017, en Honduras hubo un total de 302 concesiones mineras para exploración y explotación, además de un total de 183 solicitudes de concesiones. En el territorio hondureño se encuentran diferentes minerales, entre ellos oro, plata y plomo. Además de los minerales, Honduras cuenta con 39 ríos y cuencas que se ven afectados, hasta febrero de 2018, por la instalación de 155 proyectos hidroeléctricos. Diferentes organizaciones de Derechos Humanos reclaman que los proyectos extractivistas se instalan en los territorios de las comunidades sin consultarlas antes y sin proporcionarles toda la información, tanto positiva y negativa, sobre como afectará a sus formas de vida el proyecto, como así lo estipula el Convenio 169 de la OIT para los Pueblos Indígenas y Tribales. Las comunidades en muchas ocasiones se dan cuenta de los proyectos cuando ya están ingresando maquinarias y trabajadores. En sus propios territorios se enfrentan a empresas que cuentan con concesiones otorgadas por parte de instituciones estatales, sin que nadie nunca les haya preguntado si estaban de acuerdo o no con los proyectos.
La resistencia
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) es una de las varias organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a comunidades en su lucha por los bienes naturales y comunes. Pajuiles, Jilamito y San Francisco de Locomapa son tres comunidades afectadas por diferentes causas, pero que les une su incansable defensa por sus derechos, sus bienes y su vida.
La comunidad de San Francisco de Locomapa, perteneciente a la tribu de los Tolupanes, está ubicada en el departamento de Yoro, y ha sido históricamente afectada por la explotación del árbol pino, los minerales de sus montañas y el agua de sus ríos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2016 mostró preocupación por la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. La comunidad ha sufrido homicidios, amenazas, ataques y desplazamientos. En 2013 fueron asesinados Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute, que estaban presentes en una manifestación en rechazo a la explotación minera y la tala de madera. En febrero de 2018 uno de los autores del crimen fue condenado a 45 años de cárcel, pero en junio del mismo año logró fugarse de la prisión. Por todos los ataques sufridos, la CIDH otorgó medidas cautelares a 38 personas de la comunidad. Aún así, una de esas personas, Ramón Matute, líder indígena e integrante del Movimiento Amplio, fue agredido a machetazos en junio de 2018 hiriéndole la frente y la espalda.
En el departamento de Atlántida, está ubicada la comunidad de Jilamito, que se ve afectada por la instalación de un proyecto hidroeléctrico de la empresa INGELSA, sobre el río Jilamito. Son 16 comunidades que se abastecen del río, y si sigue adelante el proyecto perderán su principal fuente de agua para el consumo humano, lavar ropa, regar sus plantaciones e incluso para bañarse. Además, es importante recordar que hay varios pueblos indígenas que le atribuyen a los ríos una fuerza espiritual, que para ellos es algo sagrado, como por ejemplo la comunidad lenca de Río Blanco, que ha venido luchando en contra del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, lucha que ya ha visto varios asesinatos, como el de la ambientalista Berta Cáceres. A pesar de tener que enfrentarse a estas terribles consecuencias, sigue habiendo poblaciones valientes que luchan y se organizan en campamentos por el Agua y por la Vida, como es el caso del sector Pajuiles.
Como la resistencia de Pajuiles, Jilamito y San Francisco de Locomapa hay muchas en Honduras. Una lucha contra propuestas económicas y de desarrollo que vulneran los derechos humanos. Una lucha por el agua. Una lucha por la vida.
El sector Pajuiles, ubicado en la cordillera Nombre de Dios en el Departamento de Atlántida, se ve afectado por la hidroeléctrica denominada “Los Planes”, propiedad de la empresa HIDROCEP, en el río Mezapa. La concesión de la explotación del río fue aprobada en 2010 por el Congreso Nacional hondureño, sin haber consultado previamente a las comunidades afectadas. Los pobladores notaron que cuando las máquinas empezaron a trabajar, el agua comenzó a llegar contaminada. El Movimiento Amplio presentó una denuncia sobre el impacto ambiental del proyecto, y el Ministerio Público emitió un dictamen en el cual constataba que esta agua no era apta para el consumo y alertaba sobre posibles derrumbes. Aún así los trabajos de la empresa continuaron. Por esa razón, en marzo de 2017 las comunidades del sector Pajuiles decidieron instalar un campamento en protesta contra el proyecto hidroeléctrico. Las consecuencias de esa lucha y oposición han sido desalojos, criminalización de miembros de la comunidad, ataques y amenazas, incidentes por los cuales los pobladores de Pajuiles cuentan con medidas cautelares de la CIDH. El campamento ha sido reprimido mediante gases lacrimógenos en varias ocasiones, como en agosto de 2017 tras una confrontación en la cual varias personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad y la líder comunitaria Albertina López, que en el momento de la detención se encontraba en estado de embarazo avanzado. Hasta la fecha varios miembros de la comunidad están judicializados, teniendo que ir a firmar a los juzgados todas las semanas mientras esperan la resolución de la Corte de Apelaciones.
La lucha de los pobladores de Pajuiles es en defensa de su río y de su salud. En el transcurso de esta resistencia se han registrado al menos cinco personas que tuvieron que ir al hospital con problemas estomacales por consumir el agua contaminada, y un niño y una señora con manchas en la piel por bañarse en el río. En julio de 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula ordenó que se detuviesen las obras, lo que supuso un momento de alegría y esperanza para la comunidad. Pero aún con este pequeño avance, continúan las dificultades para garantizar el cumplimiento del fallo.